MODERNIDAD Y POLÍTICA EDUCATIVA: TENSIONES Y LÍMITES PARA LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA

Resumen

Los procesos sociales y políticos en América Latina se vienen desarrollando en un conflictivo marco de tendencias contradictorias. Una de ellas es la modernización, entendida como el proceso de racionalización de un modo de acumulación capitalista. La otra tendencia viene sustentada por la modernidad, entendida como el proceso normativo que asentó sus bases en “la confianza, inspirada en la ciencia, en un progreso infinito del conocimiento y un infinito mejoramiento social y moral” (Habermas, J.; 1987). En Argentina, en la década de los ´90, fueron desarrolladas importantes transformaciones en el nivel estructural del sistema, que actuaron como un proceso de “modernización sin modernidad”[1]. Estos operaron ensanchando la brecha entre el grado de diferenciación social y los modos posibles de interacción. El debate por esclarecer los alcances del impacto generado por la transformación aún está abierto. La política social, en términos generales, ha contribuido proveyendo de recursos materiales y simbólicos para la obtención de mínimos de legitimidad que confirieron normas de gobernabilidad al sistema, en el transcurso del cambio de sus patrones identitarios. En la provincia de Río Negro, la aplicación del plan de convertibilidad, desde 1991, modificó drásticamente las condiciones de desarrollo de los arreglos bienestaristas que, en modalidad populista, ocultaban sus propios límites de conformación. Su resultado final se manifestó en cambios estructurales con racionalización fiscal, administrativa, organizacional y de coberturas; especialmente en la oferta educativa estatal. Para ello fueron diversas las modalidades que fue tomando una de las categorías a la cual el espacio decisional de la dirección del sistema apeló discursivamente para operacionalizar la estrategia reguladora de la descentralización: la participación. Este concepto, de profundo arraigo en el imaginario político colectivo provincial, actuó como una vía de acceso a “lo público” instituyente de las nuevas orientaciones. En este sentido, interesa saber ¿en qué medida continúan existiendo suficientes intereses (vinculados con capacidades para direccionar un proceso de decisiones políticas) que conduzcan a percibir beneficios en la participación?, ¿qué capacidades potenciales mantiene para la recreación de la estructura de reglas políticas? Bajo estos preceptos llegamos a abordar el análisis de una política pública estatal, dada en Río Negro, para reorientar la modalidad de gestión de las escuelas dependientes del Consejo Provincial de Educación de Río Negro y legitimada en la ampliación de procesos de participación social, cuya meta manifiesta ha promovido la configuración, organización y desarrollo de los Consejos Institucionales. Una de las hipótesis que sustenta este trabajo parte de afirmar que fue la manera estatal de anticiparse en caracterizar el orden y sentido de la crisis y de nombrar a los actores, lo que, en parte, posibilitó la conformación de un nuevo ordenamiento político–administrativo provincial. En este sentido se sostiene que la manera en que se implementaron la participación y la descentralización en las instancias de los Consejos Institucionales, actuó debilitando los principios organizativos escolares que lo vinculaban con “lo público” (y la capacidad política asociada), permitiendo el fortalecimiento de las propuestas centralistas y disciplinantes del neoliberalismo.

[1] Rabotnikof, N. (1993). Lo público y sus problemas: notas para una reconsideración. En Revista Internacional de Filosofía Política/ 2.